La Declaración Universal de los Archivos, creada por el Consejo Internacional de Archivos (ICA) y adoptada por la UNESCO el 10 de noviembre de 2011, establece que “el libre acceso a los archivos enriquece nuestro conocimiento de la sociedad, promueve la democracia, protege los derechos de los ciudadanos y mejora la calidad de vida”. Así, todos los que apoyan ese documento asumen el compromiso de hacer que “los archivos sean accesibles a todos, respetando las leyes sobre esta materia y las relativas a los derechos de las personas, de los creadores, de los propietarios y de los usuarios”, y que “sean utilizados para contribuir al desarrollo de la responsabilidad de los ciudadanos”.
Por ello, el Consejo Internacional de Archivos (ICA) llama la atención de las autoridades, de los archivistas y de todos los individuos comprometidos con estos valores, para condenar los casos, lamentablemente cada vez más frecuentes, de documentos que, después de haber sido accesibles, vuelven a ser clasificados como restringidos de manera arbitraria.
Esta reclasificación compromete los derechos a conocer la verdad y a la reparación, debilita a los ciudadanos y a los documentos, y ataca la democracia y sus valores. La transparencia democrática y el derecho a realizar investigaciones sobre la responsabilidad de los actos requieren vigilancia constante, en todos los países.
Las buenas prácticas sobre acceso a los archivos, como las definidas en los Principios globales sobre seguridad nacional y el derecho a la información (Los Principios de Tshwane), rechazan que documentos otrora públicos puedan retornar a ser restringidos, o que se alteren para refutar lo registrado en ellos. Menos sentido aún tiene la restricción retrospectiva del acceso si nos referimos a documentos producidos por organismos desaparecidos o a regímenes políticos superados y que se caracterizaron por la masiva violación de derechos humanos en el pasado.
El Consejo Internacional de Archivos está convencido de que los archiveros y sus asociaciones nacionales podrán concienciar a sus gobiernos para revertir tal situación, haciendo de la gestión de documentos y de los archivos una herramienta poderosa para la construcción de democracias sólidas y sociedades más justas, y evitando que la impunidad de graves crímenes pueda quedar oculta por la limitación del derecho de acceso a los documentos oficiales.