CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS SECCION DE ARCHIVOS Y DERECHOS HUMANOS
Nota de preocupación del Consejo Internacional de Archivos sobre las medidas adoptadas por el gobierno argentino en los archivos del Ministerio de Defensa
El Consejo Internacional de Archivos (International Council on Archives – ICA) fue creado en 1948 como una entidad internacional auspiciada por la UNESCO para el fortalecimiento y protección de los archivos así como para fomentar su uso por la sociedades de los distintos países del mundo, con espíritu de cooperación y apoyo profesional entre sus integrantes: archivos nacionales y organismos rectores de la política archivística; asociaciones profesionales; instituciones archivísticas y archivistas a título individual. Su Sección de Archivos y Derechos Humanos (SAHR) promueve el papel de los archivos como facilitadores de pruebas de violaciones de derechos humanos, visibiliza su pérdida y defiende políticas archivísticas que garanticen su preservación y uso por los ciudadanos para reparación y construcción de sociedades democráticas.
En tal condición, el ICA expresa su profunda preocupación por las medidas adoptadas por las autoridades del Ministerio de Defensa de Argentina, presidido por Luis Petri, que interrumpen el acceso de personal civil especializado de los Equipos de Relevamiento y Análisis a la documentación militar relacionada con las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de 1976 a 1983. Así, valora muy negativamente el anuncio de la derogación de las resoluciones 308/2010 y 1573/2023 que instituyen esa política y la resolución 1131/2015 que reglamenta el Sistema de Archivos de la Defensa.
Tales resoluciones, así como las acciones derivadas de las mismas, son el resultado de la aplicación práctica de políticas archivísticas desarrolladas en Argentina para hacer valer el derecho a saber el destino de las personas desaparecidas y a conocer la verdad sobre las atrocidades cometidas en los años de la dictadura y quedan enmarcadas, entre otros instrumentos internacionales, en los Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas, aprobados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA), resolución 3/2019; en el Conjunto de Principios Actualizados para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos Mediante la Lucha contra la Impunidad, adoptados por el Consejo de Derechos Humanos (ONU), Documento E/CN.4/2005/102/Add. 1; o en los Principios sobre Acceso a los Archivos del ICA (2012). Esas políticas también buscan favorecer la presentación de evidencias documentales ante los tribunales que han juzgado y siguen juzgando las violaciones de derechos humanos denunciadas desde que en Argentina se derogaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
La decisión del gobierno de Javier Milei de derogar las resoluciones indicadas junto con la cancelación de los contratos de la mayor parte de las personas integrantes de los Equipos de Relevamiento y Análisis Documental impulsados en los años precedentes por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, constituye un retroceso enorme en la posibilidad de buscar la verdad y la justicia en Argentina, al prescindir su gobierno, conscientemente, del aval que los documentos, como pruebas, tienen en las instancias de Justicia transicional creadas en el país: conocimiento objetivo de la verdad acerca de lo ocurrido, exigencia de responsabilidades y castigo a los culpables y reparación.
Considerando que las medidas anunciadas por el Gobierno tendrían negativas consecuencias en la calidad democrática de la sociedad argentina, el ICA solicita al gobierno argentino:
- El mantenimiento de los contratos de archivistas, investigadores y otros integrantes de los equipos para el relevamiento y análisis de la documentación oficial
- El mantenimiento de las resoluciones 308/2010, 1573/2023 y 1131/2015 y la continuidad e implementación efectiva del Sistema de Archivos de la Defensa
- La continuación de las políticas públicas archivísticas destinadas a reforzar el papel de los archivos públicos como herramientas esenciales para conocer la verdad y para sustentar los derechos ciudadanos.
